Por Aníbal Chamorro Alcaíno. Chief Sustainability Officer de Green Leader.
Toda actividad económica o nuevo proyecto requieren de la obtención de diversos permisos, los cuales se rigen según la normativa vigente en cada país. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo de una nueva operación minera de rango grande, desde sus etapas de estudio hasta la ejecución puede llegar a requerir más de 1.500 permisos sectoriales ambientales y sectoriales administrativos, los cuales son vitales para llevar adelante el proyecto.
Cada vez que una empresa inicia una nueva actividad económica, un nuevo proyecto, una nueva construcción u obra, entre otros, es necesario cumplir con la normativa legal y administrativa vigente, esto significa ejercer la actividad económica en conformidad a las normas que la regulen y por tanto, obtener aprobación a una serie de permisos asociados al desarrollo del proyecto y en definitiva al desarrollo de la actividad económica proyectada.
El año 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que en promedio un proyecto minero demora hasta 4,5 años en tramitarse en Chile. Dos años en su parte ambiental y 2,5 años en su parte sectorial. Por su parte, las concesiones marítimas en promedio demoran 3,5 años.
Actualmente este sigue siendo un problema que dilata e inhibe el ejercicio de actividades económicas en Chile, dado que la gran magnitud de permisos implica un panorama engorroso que quita certeza y atrasa a grandes proyectos de inversión, encareciéndolo debido al tiempo necesario para su obtención y su consecuente funcionamiento u operatividad productiva. Lo anterior implica un retardo para comenzar a satisfacer o a pagar oportunamente el capital invertido para el desarrollo de la actividad económica.
Se hace imperioso entonces asegurar al inversionista una operatividad de su inversión, dándole celeridad a la misma, orden y claridad, como también garantizar al Estado un adecuado orden para controlar y fiscalizar el funcionamiento del proyecto.
Por ejemplo, para que un proyecto minero avance en Chile, las mineras necesitan obtener permisos de autoridades locales municipales, regionales y nacionales, de diversa naturaleza técnica, también permisos ambientales. A su vez, cada permiso conlleva una serie de requerimientos de carácter técnicos, evidencias científicas, modelos y simulaciones, informes, estudios, recopilación de variables ambientales de un determinado lugar, por espacios de tiempo, o incluso años, documentos que son necesarios pero que al mismo tiempo hacen difícil y demoroso e incluso muchas veces imposible el proceso, para lograr desarrollar la actividad económica que se requiere.
Entra en juego la seguridad técnica, el rigor científico para lograr que la actividad económica que se pretende desarrollar no dañe o altere el medio ambiente en el que operará, o bien asegure la salud de la población y la seguridad de sus propios trabajadores, en fin, que la actividad no conlleve riesgos al entorno ambiental, social, laboral, etc. Esta es la seguridad que pretenden las autoridades salvaguardar en su rol de autoridad, lograr controlar en cierta medida la mayor cantidad de riesgos posibles, para garantizar el ejercicio de la actividad económica en convivencia a un desarrollo humano armónico.
En este sentido, lo que está detrás de la función de la autoridad, es lograr prevenir riesgos futuros en el ejercicio de la actividad que se desarrollará, situación difícil pues hay que colocarse en una serie de variables, situaciones y parámetros que no están generalmente al 100% de control.
Todo este tiempo, que la autoridad puede demorar en lograr validar una actividad asegurando a través del permiso un porcentaje alto de probabilidad que la ejecución de la activad no acarreará riesgos, significa mucho tiempo, e incrementa mucho el costo asociado a la inactividad y finalmente desincentiva cualquier negocio o inversión para el desarrollo de actividades económicas.
¿Cómo se puede mejorar la estructura de los permisos y entregar certezas, celeridad a los inversionistas y al mismo tiempo garantizar a los ciudadanos que la actividad empresarial que se desarrollará no los afectará en sus derechos de vivir en un medio ambiente sano, garantizando las condiciones necesarias para una vida plena y su máximo desarrollo humano?
Estamos en una balanza entre el desarrollo económico a través del ejercicio de actividades v/s la protección y aseguramiento del entorno, la sociedad y del individuo o persona que vive dentro de este entorno en el que se pretende desarrollar la actividad.
Al parecer este dilema de desarrollo económico V/S seguridad, protección y fomento del desarrollo humano, no es nuevo, siempre se ha dado y es parte del concepto de “Desarrollo económico sostenible”, sólo que, con los avances científicos, tecnológicos propios del mundo actual, el cambio climático y otras condiciones fuera del control humano, cada vez aumentan e incrementan las apariciones de nuevos riesgos. También por contrapartida aparecen nuevas técnicas para mejorar y evitar la concreción del riesgo. Este mismo dilema es el que ha llevado y permitido a la humanidad a esforzarse por hacer siempre las cosas cada vez de la mejor manera posible y a la evolución científica y tecnológica que se ha experimentado estos últimos siglos.
Esta problemática afecta en general a todos los inversionistas, grupos económicos, empresas medianas y grandes que desarrollen una actividad económica dentro de Chile. Sin embargo, también afecta con mayor urgencia no sólo el desarrollo de proyectos industriales, también el desarrollo del transporte, proyectos logísticos portuarios, ferroviarios, hospitales, carreteras, proyectos energéticos, plantas desaladoras, construcción de obras sanitarias, alcantarillados o plantas de saneamiento, proyectos inmobiliarios para mejorar las propias condiciones de vida de la población, por lo que no es sólo un tema que afecte al desarrollo de la libre empresa, también afecta a la infraestructura habilitante que garantiza un mejor desarrollo humano.
Nos encontramos, entonces, con un dolor transversal para las empresas e inversiones, y también en la generación de obras habilitantes para el propio desarrollo de nuestra población y sociedad, que se presenta desde la génesis de un proyecto, hasta la operación misma, que no ha logrado ser solucionado.
La obtención y gestión continua de los permisos es una columna vertebral de la sostenibilidad, de cualquier iniciativa o actividad económica, que permite o inhibe no sólo el desarrollo económico, sino también atenta contra las obras que habilitan un desarrollo humano digno que permite mejores condiciones de vida.
El problema de fondo, personalmente, no está en cómo actualizamos la estructura e infinidad de permisos que se necesitan para autorizar una actividad económica que conlleva riesgos. El problema radica en: ¿Qué es lo que la sociedad pone en la balanza? ¿Quiere controlar todos los riesgos o afectaciones para no inhibir una mejor calidad de vida? Si es así al aceptar un control total de todos los riesgos, paradójicamente también se está inhibiendo el desarrollo económico y humano que se pretende proteger a través de un control total de riesgos ¿Dónde está ese equilibrio?
¿Se podrá disminuir las exigencias de un permiso, o una parte de él?, si usamos garantías financieras para hacernos responsables del riesgo creado. ¿Se puede garantizar financieramente el riesgo o una parte de él con pólizas de seguros o instrumentos financieros?
¿Podrán los permisos irse concediendo gradualmente en la medida que permitan iniciar el funcionamiento de una empresa o actividad económica que deba ir continuamente reportando su operación y funcionamiento? Así el permiso se va perfeccionando con el transcurrir de la operación ¿o eso traería consigo mayor burocracia e incerteza en el desarrollo de la actividad.
¿Cuál será el balance o la ecuación perfectos para este problema? ¿Dónde ésta el balance? Quizás la reforma al sistema de permisología que enviará el Gobierno al Parlamento nos podría dar ciertas luces al respecto, una vez que salga convertida en ley. Esperemos.
